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Consejo Privado Anticorrupción preocupado por proyectos que afectan arbitraje institucional

Según la Comisión de Constitución del Congreso, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, pues constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista.

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El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) mostró su preocupación frente al dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, a favor del proyecto de ley Nº 1206/2016-CR, que fuera aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 4 de mayo.

En este se propone, entre otros, la derogación de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de eliminar la obligatoriedad del arbitraje institucional en la contratación pública, lo cual constituye un avance importante en la lucha contra la corrupción.

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Según la Comisión de Constitución, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, ya que constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista al imponer que la solución de controversias se defina mediante una modalidad de arbitraje específica.

"En el CPA consideramos que la propia Constitución permite al Estado establecer la mejor regulación posible para la resolución de sus controversias contractuales en aras de cautelar su patrimonio, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos y que debe protegerse el interés general; razón por la cual con el DL Nº1341 se estableció como mecanismo de solución de controversias el arbitraje inconstitucional para las contrataciones públicas", expresaron mediante un documento.

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Cabe resaltas que dicho DL recogió la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que señalaba que el arbitraje en materia de contratación pública debería ser únicamente constitucional, tomando en consideración las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad, y los numerosos casos de arbitrajes ad hoc que han resultado perjudiciales para el Estado.

Sobre el proyeto ley Nº1088 que se debate en el Comisión de Justicia, el CPA señaló que éste afectará seriamente el arbitraje institucional debilitando las funciones que tienen las instituciones arbitrales para regular su nómina de árbitros cuestionados éticamente y moralmente, que no cumplirían con los filtros y estándares que las instituciones arbitrales establecen.

"Invocamos al Congreso a que garantice la máxima transparencia en el sistema de contrataciones del Estado en beneficio de los ciudadanos y desarrollo del país. Consideramos necesario revertir la situación actual por lo que solicitamos no se permita el arbitraje ad hoc en la contratación pública", reiteró el CPA.

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