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bajo la lupa

Hacer Perú: "Ruido de corto plazo, ganancia de largo plazo"

La obsesión por unas décimas adicionales de crecimiento del PBI de los siguientes meses nos ha conducido, a menudo, a descuidar la construcción de institucionalidad y ciudadanía.

Poder Judicial

Poder Judicial solicitó levantar la inmunidad parlamentaria a seis congresistas, pero solo una se aprobó. (Foto: Agencia Andina)

Poder Judicial solicitó levantar la inmunidad parlamentaria a seis congresistas, pero solo una se aprobó. (Foto: Agencia Andina)

Varias voces de políticos, empresarios y analistas suelen realzar la importancia de la construcción de la institucionalidad para sentar las bases hacia el desarrollo. Sin embargo, muchas veces, esos mismos actores están dispuestos a sacrificar muy poco para fortalecerla. Se trata, pues, de un discurso políticamente correcto, al cual conviene asociarse, pero, con frecuencia, no es más que eso.

Un ejemplo demostrativo son las propuestas de reforma constitucional del Ejecutivo a través del referéndum, motivadas por evidencias palpables de corrupción organizada en los más altos niveles de la administración de justicia y, también, con claras vinculaciones con organizaciones políticas.

La calidad de las instituciones es vital para el desarrollo de largo plazo de un país, tal como ya lo habíamos señalado en el editorial de HacerPerú.pe (“La importancia de las instituciones”) previo al anuncio de dichas reformas en el discurso presidencial de 28 de julio.

En aquella oportunidad, señalamos que “los intereses que se verán afectados por los cambios que se propongan -y las investigaciones que se realicen-, intentarán, por todos los medios, mantener el statu quo”. La consecuencia previsible eran los enfrentamientos ocurridos entre el Ejecutivo y la mayoría que controla el Congreso. El impune blindaje ocurrido en la Comisión Permanente del Congreso hace un par de semanas, solo parcialmente revertido por presión ciudadana, es otra prueba de los oscuros intereses en juego. Además, esta situación evidencia la inexistencia de un adecuado balance entre autonomía y rendición de cuentas, tal como ocurrió con el indulto mal concedido, y ahora anulado, por un presidente a un expresidente.

Diversos actores han pedido bajar el enfrentamiento y el ruido político, por su impacto en las expectativas empresariales y el crecimiento económico. Otros piden consensuar en aras de la gobernabilidad. Algunos indican que el presidente debería usar dicha energía en solucionar problemas más apremiantes del día a día de la población. La lista de argumentos para justificar una reforma a medias, siempre que ello permita llevar la fiesta en paz, es larga, pero peligrosa para el país.

Más allá de las bondades y limitaciones de las reformas propuestas por el Ejecutivo, (es natural tener reservas con algunas de ellas tal como lo ha señalado Alberto de Belaunde en HacerPerú.pe (“Reforma política: Cambios para que todo siga como está”, Parte I y Parte II)), necesitamos prioridades claras si queremos avanzar hacia el desarrollo. Los países que han logrado sostener el crecimiento, en el largo plazo, son también, en general, aquellos con instituciones fuertes e inclusivas. En el largo (e incluso mediano) plazo, no solo no existe un dilema entre crecimiento e institucionalidad, sino que ambos están asociados positivamente y se refuerzan mutuamente.

Es más, la literatura económica no solo encuentra evidencia de la relación positiva entre institucionalidad y bienestar de las naciones (North). También, la identifica con otras variables que reflejan dimensiones específicas de la calidad de las instituciones que incluyen la fortaleza del Estado de derecho (Rule of Law) como determinante del crecimiento económico (Barro) y de la divergencia en el largo plazo en el PBI per cápita de las naciones (Acemoglu, Johnson y Robinson).

Como no debería sorprender, el nivel de corrupción de un país es una de las medidas más comúnmente usadas para medir la (falta de) fortaleza del Estado de derecho. La corrupción, y la debilidad institucional en un sentido más amplio, socavan el crecimiento económico y el desarrollo de las naciones al debilitar los derechos de propiedad y generar incertidumbre sobre los retornos a la inversión y las decisiones económicas en general.

Más aún, podríamos usar abundante teoría y evidencia económica para resaltar otra dimensión de las reformas institucionales que solo se está abordando de manera tangencial: la reforma electoral. La problemática en este frente no se circunscribe a probables financiamientos de campañas ilegales y a corrupción en entes electorales. Estas son solo dos piezas de una estrategia de generación de barreras a la entrada para limitar el acceso de nuevos jugadores (partidos). Esta estrategia y sus implicancias merecen un análisis por separado, pero, por ahora, podríamos preguntarnos qué perspectivas le depararía al país una elección general el 2021 con las mismas reglas electorales, los mismos jugadores y los mismos árbitros (entes electorales) que en la elección del 2016. La respuesta es obvia.

Naturalmente, procesos disruptivos, así sean beneficiosos para el país (referéndum), pueden generar dilemas en el corto plazo. Toda reforma genera ganadores y perdedores. Por eso, usualmente, son difíciles de lograr y se enfrentan a resistencias. Esto ocurre, especialmente, con aquellos dilemas que confrontan a tantos intereses arraigados. Ese “ruido” político puede efectivamente tener algún impacto sobre las expectativas empresariales, y sobre la inversión y el crecimiento en el corto plazo. No obstante, es un costo que debemos estar dispuestos a pagar.

La obsesión por unas décimas adicionales de crecimiento del PBI de los siguientes meses nos ha conducido, a menudo, a descuidar la construcción de institucionalidad y ciudadanía. Esto nos está pasando factura hoy. El “ruido” de corto plazo es justamente el precio de un crecimiento mucho mayor, y más justo, en el futuro. Eso es, precisamente, “invertir” en el futuro del país.

Por José Gallardo, Piero Ghezzi y Alonso Segura

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