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PCM: Ejecutivos deben ser sancionados pero constructoras deben seguir trabajando

La premier Aráoz consideró "una locura" que el Estado intervenga a las empresas constructoras acusadas de actos de corrupción.

Mercedes Aráoz

Mercedes Aráoz

Mercedes Aráoz niega que el Estado vaya a intervenir a las empresas constructoras. (Foto: Congreso)

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, indicó que los ejecutivos de las empresas constructoras involucradas en casos de corrupción son los culpables de estos hecho pero las empresas "deben seguir trabajando".

En declaraciones a radio Exitosa, consideró "una locura" que el Estado intervenga a las empresas constructoras acusadas de actos de corrupción, en el marco del caso Lava Jato, que encabeza Odebrecht.

"En todas partes del mundo se han hecho medidas y nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje", anotó.

En ese sentido, manifestó que el Estado peruano llevó a cabo un proceso de investigación y se castigará a las empresas con multas o cauciones pero lo que se debe procurar es que se siga trabajando.

"¿Qué va a pasar con la gente que está en construcción civil?, ¿qué va a pasar con los proveedores?, pues tenemos que protegerlos", anotó.

Explicó que el Estado no puede intervenir judicialmente a las empresas constructoras debido a que la culpa es de los ejecutivos involucrados en los casos de corrupción.

"La culpa no es de la empresa sino de los tipos que hicieron la denuncia, los dueños, los que hicieron la trampa, los funcionarios pero la empresa tiene que seguir trabajando por el bien del país", mencionó.

Señaló que el sistema alrededor de las empresas constructoras acusadas de corrupción se vería afectado si es que el Estado decide intervenirlas, tal como hace ahora con los clubes de fútbol o lo hizo antes con las empresas pesqueras.

"Este DU N° 003 te da la posibilidad de que sigan operando las empresas (constructoras) y se comprometan en programas de cumplimiento y de integridad para que eso funcione", enfatizó.

Recordó que en Alemania se tuvo el caso de la empresa Siemens inmersa en actos de corrupción pero nunca dejó de operar pero se castigó a los ejecutivos sin intervenir a la empresa.

"Se hizo un modelo como el que hemos tomado, donde yo puedo reservar el 50% de la utilidad si vendiera o un 10% de lo que recibe del Estado cuando se le paga por una concesión, entonces yo con eso guardo la capacidad de tener la plata que debe tener el Estado pero, al mismo tiempo protejo la actividad productiva o financiera", añadió.

Aráoz enfatizó que no se quiere hacer un daño sistémico a la economía donde habría una pérdida de varios puntos del PBI.

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